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El secretario General de los socialistas malagueños, José Luis Ruiz Espejo, ha mostrado su satisfacción por la decisión del Consejo de Ministros de modificar el Real Decreto de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19 aprobado el 12 de marzo.
Al mismo tiempo ha instado al gobierno de derechas de Andalucía a que “empiece a trabajar con seriedad y rigor para agilizar al máximo los trámites necesarios para que los recursos económicos que por parte del gobierno socialista de Pedro Sánchez se van a poner a disposición de las comunidades autónomas fluyan y lleguen cuanto antes a sus destinatarios”.
Así, recuerda que el objetivo de esta medida es que las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla puedan ampliar los sectores y empresas que podrán beneficiarse de la línea de ayudas directas a autónomos y empresas dotado con 7.000 millones de euros. Además, la nueva norma incluye la posibilidad de que puedan otorgar, de forma excepcional, ayudas a empresas viables que hayan tenido un resultado negativo en 2019.
Ruiz Espejo ha indicado que el Gobierno identificó casi un centenar de sectores basándose en criterios objetivos a nivel nacional, pero es consciente de que Andalucía tiene características específicas que requieren de respuestas personalizadas. «A Andalucía se destinarán más de 1.000 millones y en torno a 230 a la provincia de Málaga», ha recordado.
“Mientras que la semana pasada el Gobierno de España aprobó una orden para repartir los recursos y remitió a las comunidades autónomas los convenios que se tienen que firmar para transferir los fondos en un plazo máximo de 10 días desde la firma Andalucía no sigue el camino de Extremadura y Castilla-La Mancha que ya han devuelto el convenio firmado por lo que cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado recibirán de inmediato el dinero”, afirmó.
Por otra parte, con el fin de facilitar a las empresas el pago de sus obligaciones de carácter no tributario, las delegaciones de Economía y Hacienda les podrán conceder un periodo de carencia de dos años desde la fecha de su vencimiento y un fraccionamiento posterior de la deuda de hasta dos años.