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El portavoz socialista en la comisión de Salud del Parlamento andaluz, Javier Carnero, ha acusado esta mañana al gobierno de la Junta «de perjudicar el derecho a la eutanasia de los andaluces» y ha pedido que se cumpla ya la Ley Orgánica (LORE) que la regula, «siguando a Andalucía en el vagón de cola en cumplimiento de derechos fundamentales desde que gobierna Bonilla», ha añadido.
«Nosotros siempre hemos sido una tierra avanzada en derechos, novedosa y valiente en su legislación, pero desde hace tres años estamos colocándonos al final de todos, y lo peor es que se hace no por dejadez que ya sería malo sino de manera consciente que es aún peor», ha lamentado Carnero.
«Tenemos un gobierno andaluz que, basándose en erróneas premisas morales, ningunea el dolor ajeno y las voluntades y libertades de la ciudadanía, tenemos un gobierno que «olvida» que la ley de Eutanasia es el último eslabón de la autonomía del y de la paciente», ha valorado, al tiempo que ha afirmado que, con sus contínuas dilaciones, el gobierno de PP y C’s está perjudicando de nuevo los avances en derechos conseguidos y lo hace además en base a una interpretación torticera del cumplimiento de un derecho fundamental».
Carnero ha recordado que Andalucía fue pionera en el Estado porque ya en el año 2010 legisló con la ley de muerte digna. «Un ejemplo para el resto de comunidades, comunidades que desgraciadamente en el día de hoy nos han adelantado por todos lados, porque situaba en el centro de las decisiones médicas la voluntad del paciente», ha explicado.
«Si leemos el preámbulo de la LORE queda meridianamente claro, para esta ley el sujeto de la misma es la persona que sufre, y trata de regular los colaboradores necesarios para respetarla. En Andalucía si leemos el borrador del decreto, decreto que por cierto nunca llega, y que el consejero lleva anunciando para todos los finales de mes de todos los meses, esperemos que esta última vez sea ya la definitiva, pues bien como les decía de este decreto parece desprenderse que lo importante y lo que hay que salvaguardar es a los y las profesionales y su derecho a la objeción de conciencia», ha detallado.
«Es un derecho que nosotros no negamos pero que su objeción de conciencia no es para lo que se regula este derecho del paciente», ha advertido. «Nos encontramos, de este modo, con actuaciones inadmisibles y muy típicas de la derecha más casposa de este país porque, por ejemplo, nos podemos encontrar que un médico objetor pueda tramitar una solicitud sin declarase objetor hasta 5 días antes de que se vaya a realizar la ayuda a morir, no es requisito indiscutible que personas que se hayan manifestado en contra de la eutanasia formen parte de una Comisión de Garantía y Evaluación formada solo por 13 personas, o que, en cuanto al tema del testamento vital, somos la única comunidad en la en aquellos casos en los que hubiese expresado dicha voluntad de acogerse a la eutanasia en determinadas circunstancias, y lo hubiera expresado antes de la publicación de esta Ley, deberá actualizar el documento de Voluntades Vitales Anticipadas para hacer constar y actualizar dicha voluntad en tal sentido», ha manifestado. «Qué sentido tiene hacer que una persona tenga que ratificar su voluntad, si no es otro que perseguir su cambio de voluntad», se ha preguntado.
Carnero ha recordado que nuestro ordenamiento jurídico no está preparado «para que una administración boicotee a otra, porque está pensado para la aplicación de buena fe de la legislación aprobada». Es evidente que esa no es la intención de este gobierno, un gobierno que incumple la ley, de manera sibilina y niega un derecho fundamental a todos los andaluces y andaluzas, un gobierno que niega un derecho a personas que se encuentran en un contexto de sufrimiento extremo, y saben lo peor que vemos como en otros territorios se hace y se hace bien, mientras que en esta tierra pionera en este tipo de legislación, nos hemos quedado los últimos de la fila, de manera consciente por un gobierno intransigente que va de moderado y que en absoluto lo es», ha afirmado.Para Carnero, el presidente Moreno Bonilla es un «insumiso constitucional, aunque más que de insumisión y de improvisación permanente, hablamos de falta de coherencia y de seriedad del gobierno andaluz», ha dicho. «Esta actuación dilatoria del Gobierno de la Junta está perjudicando de nuevo los avances en derechos conseguidos y lo hace además en base a una interpretación torticera del cumplimiento de un derecho fundamental», ha concluido.