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El Gobierno municipal de Juan Antonio Lara estudia las consecuencias legales y depuración de responsabilidades en la gestión que se ha realizado al frente de la empresa municipal, donde se registran numerosos impagos vencidos, prescritos y sin reclamar.
La nefasta gestión del anterior Gobierno de Victoriano Navas ha provocado una deuda en Innoben S.A. que alcanza los 722.000 euros en el último año y que ha arrojado a la empresa municipal a una posible situación de quiebra técnica. Un endeudamiento descontrolado fruto de una clara dejadez en la gestión, que ha estado carente de los estudios económicos necesarios para comprobar la viabilidad del transporte público, así como de una falta de previsión de ingresos y otras partidas para el sostenimiento de este servicio.
“Esto ha obligado al Ayuntamiento a hacer unas modificaciones presupuestarias de 2 millones de euros para cubrir la gratuidad del transporte y rescatar a la empresa de la quiebra técnica a la que Navas la abocó”, ha explicado la consejera delegada de Innoben y primera teniente de alcalde, Presi Aguilera.
Por otra parte, el Gobierno municipal de Juan Antonio Lara estudiará las consecuencias legales a las que podría haber incurrido el exregidor, Victoriano Navas, por, entre otras cuestiones, no suspender o derogar la Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas por la Prestación del Servicio de Transporte Público de Viajeros a través del Autobús Urbano, aprobada el 28 de julio de 2012 y publicada en el Boletín Oficial del Estado el 12 de julio de 2012, ordenanza que, finalmente, fue suspendida en el pasado pleno de diciembre por el actual Gobierno municipal para poder garantizar la prestación del servicio de transporte, estudiar dentro de la legalidad las soluciones y seguir ofreciendo la movilidad gratuita para los empadronados, “una ventaja que nos comprometemos a mantener pese a la delicada y compleja situación financiera en la que han dejado esta empresa municipal”.
Entre las anomalías detectadas se encuentra el coste de las líneas de transporte a demanda que puso en marcha Navas dos meses antes de las elecciones municipales sólo para atender una zona concreta del municipio y que ha superado los 400.000 euros en ocho meses.
Esta opción a demanda ha llegado a tener un coste de 28 euros por pasajero y viaje, “otra medida electoralista que ha puesto en una situación crítica y al borde de la quiebra a la empresa, además de establecer una discriminación en la prestación de los servicios públicos con otros distritos y zonas del municipio a los que no se les facilitó este costoso sistema de transporte público”.
“El exalcalde actuó de forma autoritaria y dictatorial, no suspendió las ordenanzas fiscales de transportes ni llevó a cabo los trámites que rige ley para que esa decisión política se llevara a efecto e manera adecuada y conforme el marco legal al que todos estamos sometidos”, ha apuntado Aguilera.
El actual Gobierno municipal estudia la viabilidad de la empresa municipal así como la distribución y recorrido de las diferentes líneas urbanas con el fin de mejorar el servicio que se presta a los ciudadanos, llegar más lejos y atender peticiones vecinales y adaptarlo a los retos de movilidad.
Entre estas medidas se contempla ampliar la línea 103, aumentando las frecuencias y los horarios para que los estudiantes puedan llegar a tiempo a los centros escolares, dando así respuesta a una de las principales quejas del servicio. El Gobierno municipal recuerda e incide en que mantendrá la gratuidad del transporte urbano, que llegará por primera vez a la Urbanización del Higuerón.