La presidenta del Consejo de Alcaldes del PP de Málaga, Margarita del Cid, ha exigido al Gobierno de España garantizar “la transparencia, la seguridad jurídica y la lealtad institucional” ante otro ataque del Ejecutivo sanchista a los chiringuitos con el nuevo Reglamento de Costas “que genera una profunda preocupación a ayuntamientos, empresarios y vecinos del litoral malagueño”.
Del Cid, junto a la senadora popular por Málaga Lucía Yeves, ha denunciado que el Ejecutivo pretende introducir cambios que afectan “a derechos reconocidos por ley, alterando el régimen de concesiones y el marco jurídico de los chiringuitos que durante años ha permitido el desarrollo económico y social de las zonas costeras”.
“El Gobierno está impulsando una reforma que incrementa la inseguridad jurídica, amenaza inversiones ya realizadas y pone en riesgo miles de empleos relacionados con la hostelería, el turismo, la pesca y los servicios vinculados a nuestro litoral”, ha subrayado.
Del Cid, que ha acudido hoy al Senado junto a representantes populares de municipios costeros de la provincia, ha señalado que en la provincia 60 chiringuitos están pendientes de regularización administrativa y que podrían verse afectados por el endurecimiento de las condiciones para renovar concesiones, la limitación de infraestructuras o nuevas exigencias derivadas de los deslindes del dominio público marítimo-terrestre.
De esta forma, la dirigente popular ha criticado que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico haya impulsado esta reforma “sin la necesaria participación de las comunidades autónomas y sin atender adecuadamente las alegaciones presentadas durante el proceso de consulta pública”.
Asimismo, ha recordado que los gobiernos autonómicos han reclamado reiteradamente una cogobernanza efectiva en materia de costas y han solicitado transparencia sobre el alcance real de las modificaciones propuestas y sus consecuencias sobre las competencias autonómicas y municipales.
En este sentido, Del Cid ha lamentado que el Gobierno rechazara incluir un punto específico sobre el Anteproyecto del Reglamento General de Costas en la reciente Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, “desaprovechando una oportunidad para abordar el asunto desde el diálogo institucional”.
Además, Del Cid ha advertido de que determinados aspectos del anteproyecto “podrían vulnerar principios esenciales del ordenamiento jurídico, al afectar a concesiones vigentes, introducir cambios con efectos retroactivos y limitar expectativas legítimas de ciudadanos y empresas” que han actuado conforme a la legislación vigente.
“Exigimos al Gobierno que suspenda la tramitación del actual anteproyecto reglamentario y promueva un proceso de diálogo real con las comunidades autónomas, los ayuntamientos y los sectores afectados”, ha insistido.
Por ello, ha reclamado una moratoria urgente de los deslindes actualmente en tramitación, la paralización de las actuaciones de reversión o demolición que puedan causar daños irreversibles a propiedades y actividades económicas mientras no exista un marco normativo consensuado, y la convocatoria inmediata de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente para abordar conjuntamente cualquier modificación del Reglamento General de Costas y garantizar el cumplimiento de las exigencias europeas con transparencia, seguridad jurídica y respeto institucional.
“Proteger la costa es una obligación compartida por todos”, ha señalado el Del Cid, “pero esa protección debe realizarse con equilibrio, respetando el Estado de Derecho, la seguridad jurídica y los derechos de quienes han contribuido históricamente al desarrollo económico, social y cultural de nuestro litoral”.
