La parlamentaria autonómica por el PP de Málaga Sandra Extremera ha exigido al Gobierno de España que deje de negar los fallos en las denominadas pulseras antimaltrato y refuerce los recursos humanos y materiales para garantizar en todo momento la seguridad de miles de víctimas de violencia de género.
Así se ha pronunciado después de conocer el escrito de la Comisión de Coordinación contra la Violencia de Género en la Audiencia Provincial de Málaga, remitido el pasado mes de julio al Ministerio de Igualdad y al Consejo General del Poder Judicial, en el que se indica que siguen produciéndose errores de localización tanto de víctimas como de investigados, lo que está generando, ha subrayado la popular, “preocupación e intranquilidad continúa en mujeres a las que hay que proteger sí o sí”.
“Es grave que una mujer que ha denunciado a su agresor se encuentre después desprotegida por un sistema que debería precisamente garantizar su seguridad; es algo realmente preocupante”, ha sostenido, al tiempo que ha incidido en que las advertencias sobre el mal funcionamiento de estos dispositivos han sido trasladadas “por jueces, fiscales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.
Incluso, ha precisado que agentes de la Guardia Civil ya alertaron de que algunas víctimas se estaban sintiendo desprotegidas por el mal funcionamiento de estos dispositivos, hasta el punto de que algunas llegaron a devolverlos al juzgado al considerar que no les ofrecían seguridad.
La gravedad de la situación queda reflejada en los casos trasladados por los profesionales encargados de proteger a estas mujeres. Entre ellos, el de un hombre que tenía hasta cinco órdenes de alejamiento y que fue localizado en el domicilio de la víctima sin que el sistema de alertas notificara ninguna incidencia. También se han puesto de manifiesto situaciones en las que las víctimas denunciaban la presencia de sus agresores mientras el Centro Cometa, encargado de supervisar las alertas, negaba que se hubiera producido una incidencia. Incluso se han documentado desfases en la geolocalización, llegando a situar a una víctima en su domicilio cuando realmente se encontraba en dependencias de la Guardia Civil.
Estos hechos, ha resaltado, “no pueden tratarse como simples incidencias técnicas porque detrás de cada dispositivo hay una mujer que ha denunciado una situación de violencia y que necesita tener la certeza de que se está haciendo todo lo posible para protegerla”.
“No queremos explicaciones para justificar los fallos; queremos soluciones, medios y garantías para que ninguna mujer vuelva a sentirse desprotegida por este tipo de situaciones y de mal funcionamiento de estos dispositivos”, ha manifestado Extremera.
Esta situación se repite después de lo ocurrido hace casi un año, cuando el sistema sufrió fallos que afectaron a más de 4.500 mujeres. “No hablamos de ideología sino de mujeres reales, con nombres y apellidos, que viven una situación de gravedad. Cuando esa protección falla se pone en riesgo su vida y no lo podemos permitir”, ha zanjado la parlamentaria andaluza por Málaga.
