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El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Benalmádena ha dado luz verde hoy de urgencia a la suspensión de la ordenanza de transportes con el objetivo de darle un marco legal administrativo al servicio para que este pueda continuar prestándose en el municipio a beneficio de la ciudadanía. La urgencia llevada a este pleno ha sido fundamentada por el edil de Hacienda, José Miguel Muriel, quien ha subrayado que se trata de un asunto “importante”, que “nos lo hemos encontrado y exige regularizarlo y actualizarlo según ley, por una situación que hay que subsanar lo antes posible y que tiene condicionado sacar adelante los presupuestos de 2024”.
Muriel ha advertido durante su intervención que la “gratuidad del transporte público”, aprobada por el gobierno anterior, cuenta “con informes desfavorables de Intervención”. “Se está dando un servicio público gratuito que solo está aprobado en la empresa, pero el Ayuntamiento está obligado a cobrarlo”, recordó Muriel. “Esta situación, ha provocado que no exista expediente en la empresa, ni expediente en el Ayuntamiento con una ordenanza fiscal que dice que hay que cobrar a los usuarios del transporte público, toda vez que se está ofreciendo de forma gratuita a empadronados sin estar especificado en la ordenanza”.
Por ello, Muriel señaló que existe una “grave” contradicción porque “se firma algo en la empresa y la ordenanza fiscal dice lo contrario: que se siga cobrando la tarifa a todos los usuarios” provocándose un “desequilibrio financiero en la empresa responsable del transporte urbano”.
“Para nosotros ha sido una sorpresa porque tenemos que encontrarle viabilidad económica y jurídica, fue una medida electoral decir que sería gratuito el transporte público sin llevarlo a Junta General y sin modificar la ordenanza”, recordó Muriel.
“Lo primero que habría que haber hecho era un estudio económico garantizando la viabilidad de la gratuidad del transporte público para empadronados, pero no lo había, provocando un desequilibrio financiero de 700.000 euros”.
Por eso, añadió Muriel, “ahora tenemos que cambiar el plan normativo para cambiar la ordenanza fiscal y habrá que llevar al Plan Estratégico de Subvenciones porque se ha disparado el número de usuarios que utilizan el transporte público”. Con esta decisión en pleno, el equipo de gobierno quiere garantizar que se siga prestando el servicio dotándolo de un marco jurídico legal que, además permita, mejorar y ampliar el servicio, manteniendo su gratuidad y estudiando fórmulas para incrementar la movilidad sostenible.