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El Partido Popular de Benalmádena se muestra contundente y fiel a la posición que ha tenido desde el minuto uno respecto al proyecto de remodelación de Antonio Machado. El PP está en contra de que el alcalde Víctor Navas impusiera unilateralmente la eliminación de los carriles en la costa, generando una situación de caos de tráfico diario, y de que no escuche a los vecinos, comerciantes y empresarios del municipio, que están en contra del proyecto.
Desde el Partido Popular se lleva pidiendo desde el año pasado que se tenga en cuenta la opinión de los vecinos y que no se saque adelante un proyecto que, desde el principio, se ha demostrado fallido. Los populares apuntan que la imposición unilateral del proyecto por parte del alcalde y su equipo de gobierno es el motivo real del desastre causado. Además, el PP asegura que Navas, en ningún momento, ha buscado el consenso entre las partes implicadas.
El portavoz de los populares, Juan Antonio Lara, lamenta que “ahora, tarde y mal, como siempre, llegue la consulta popular”. “Tarde, porque llega con un año de demora. Y mal, porque tras consultar con los asesores jurídicos del partido, existen dudas fundadas sobre la legalidad y garantías del procedimiento”, añade Lara. Desde el PP han informado que la moción anunciada el lunes por el alcalde llegó a través de un chat de WhatsApp, sin informe, sin haber pasado por la comisión informativa y a menos de 24 horas de la sesión plenaria.
Asimismo, la realización de una consulta popular en estos momentos podría estar incumpliendo diferentes leyes, por lo que desde la formación azul se va a votar ‘no’ a dicha consulta, a la vez que se va a requerir el informe pertinente del secretario. Cabe aclarar que según el ordenamiento jurídico vigente no se puede llevar a cabo una consulta durante un proceso electoral, como pasa actualmente en nuestra comunidad autónoma, con los comicios a la presidencia de la Junta de Andalucía.
Desde la principal fuerza de la oposición han reiterado que están de acuerdo, quieren y ven necesaria conocer la decisión de los vecinos, pero siempre dentro del marco de la legalidad, con todas las garantías democráticas como, por ejemplo, marca la Ley de Regulación de las Consultas Populares Locales en Andalucía.