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La presencia de Pedro Sánchez en la segunda edición del Festival Cala Mijas ha vuelto a poner de actualidad el uso del erario público para este festival, que viene siendo objeto de seguimiento y control desde antes de su primera celebración en 2022 por el Partido Popular de Mijas. Según manifiesta Mario Bravo (PP) «ya nos llamó la atención la obra de adaptación de la parcela, con un gran movimiento de tierra, a cargo de las arcas municipales, mientras que oficialmente el Ayuntamiento publicaba la oferta para hacer el citado proyecto en esta zona». Bravo no entiende «¿cómo es posible que se contrate este proyecto, y a la vez se haya empezado esta obra?» Según acredita el PP, ya levantaron un acta notarial en ese momento, dejando constancia de este hecho, «no explicado por el Ayuntamiento en ningún momento».
Además, el patrocinio publicitario, que es la figura elegida por el gobierno del PSOE en Mijas para financiar este festival, exige dos requisitos fundamentales: uno es que incluya todos los gastos municipales, es decir, que no se abone el importe fijado (1.149.500 euros en la primera edición) y que en paralelo se financien actividades complementarias como el transporte, vigilancia, aparcamiento, etc. Y la segunda, que la repercusión publicitaria sea verificada por una empresa independiente con experiencia en estas valoraciones. En cuanto a lo primero, Bravo comenta que «el Ayuntamiento no ha cuantificado el coste de adaptación de las parcelas de aparcamiento, ni las horas extras de la Policía Local y Servicios Operativos, y esto es obligatorio para poder pasar el filtro de la intervención general». En cuanto a la empresa contratada para verificar este impacto publicitario, asegura el edil popular que llamó poderosamente la atención que se rescindiera su contrato poco antes de la celebración del evento musical, «y que simultáneamente se sustituyera a la jefa del departamento de Fiestas que había estado en toda la tramitación por el jefe del departamento de Juventud».
De otra parte, Bravo lamenta que el Ayuntamiento abonara el 40% del contrato antes de la celebración, alegando que la sola mención del futuro festival ya había generado ese «impacto publicitario» que se buscaba.
Tras la celebración, en 2022, el alcalde, Josele González, manifestó públicamente que el impacto económico en Mijas había sido superior a 20 millones. Al hilo de este dato, el PP pidió en varias ocasiones, y por escrito, el informe que justifique esta cuantía, sin haber recibido respuesta hasta la fecha.
Asimismo, ha solicitado en varias ocasiones el informe del impacto publicitario, que debe ser superior en cualquier caso al patrocinio, recibiendo finalmente respuesta el 7 de agosto de 2023. En los documentos consta que la empresa Rebold estima un impacto publicitario superior a 12 millones de euros; y otro, de Last Tour, denominado Informe de Resultados, aparece una página con 9 cantidades que suman 8.109.097,40 euros.
El PP considera que dicho informe de resultados, «como se denominan esos documentos sin fecha ni firma, no justifican el cumplimiento de este contrato», y están a la espera de recibir los informes de la Intervención General, «que lógicamente deberá verificar estas circunstancias», matiza.
Por último, el concejal del PP añade que en ningún momento se han posicionado en contra de ningún festival municipal, pero sí han manifestado su extrañeza por la sustitución del jefe del departamento y de la empresa verificadora a pocas semanas del evento en 2022, la realización de obras en la parcela cuando todavía no se había realizado el proyecto, y la falta de transparencia y documentación que acredite el cumplimiento del contrato.