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El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha denunciado hoy junto a los alcaldes de Antequera, Manuel Barón, y Ronda, Maripaz Fernández, que el Gobierno de España, a través de la Dirección General de Tráfico (DGT), obligará a los jóvenes de la provincia a desplazarse hasta la capital para hacer los exámenes obligatorios para la obtención del carné de conducir tras imponer a los ayuntamientos esta competencia impropia.
De este modo, Carmona ha reprochado al Gobierno de Sánchez y Montero que es “el que más impuestos recauda de la historia, pese a que cada vez tenemos peores servicios públicos y mayor dejación de funciones” y ha tildado este movimiento de “chantaje” a las entidades locales.
En este sentido, Barón ha explicado que el convenio que propone la DGT “conlleva todas las obligaciones para los municipios y ninguna para el Ministerio del Interior” y ha asegurado que la inversión para la creación y dotación de estas salas supera los 125.000 euros, a lo que se añaden gastos de mantenimiento y la contratación del personal informático y de seguridad.
“Tráfico pretende que los ayuntamientos pongan no una sala a disposición, como ya venimos haciendo, sino un local de uso permanente, facilitando además el contacto de personal técnico para la resolución de problemas informáticos, personal de seguridad permanente, auriculares, fibra óptica, ADSL, conexión a la red SARA, un mínimo de 100 megas, aula climatizada, mesa para el gestor de pruebas y para los aspirantes, red mediante cableado, 15 puestos informatizados o pantallas táctiles”, ha enumerado, y ha incidido en que “ellos cobran las tasas de exámenes y nosotros los financiamos”.
Barón ha subrayado que se trata de una “competencia impropia” de las entidades locales. “El Ministerio del Interior nos pide que asumamos obligaciones que no nos corresponden legalmente, depositando sobre los ayuntamientos la carga económica y técnica que conlleva la adecuación del espacio, la adquisición, instalación y mantenimiento de equipos informáticos de elevado coste y la conexión a la red con las condiciones técnicas exigidas, además de la seguridad de las instalaciones y en los sistemas, superando ampliamente el marco competencial local”, ha insistido.
Además, ha recordado que el ámbito territorial de las pruebas teóricas para la obtención del permiso de conducir no se limita a los ciudadanos de Antequera, en su caso, sino que atrae también a aspirantes de otras comarcas, de municipios limítrofes e incluso de fuera de la provincia.
El dirigente popular ha considerado igualmente que el Ejecutivo central ha desaprovechado la oportunidad de incluir este proceso de digitalización dentro de los proyectos financiados por los fondos europeos Next Generation, cuyo objetivo es precisamente modernizar los servicios públicos y facilitar su acceso digital a la ciudadanía, “descargando a los ayuntamientos de un esfuerzo económico que no les corresponde”.
Por su parte, Fernández ha lamentado que “estamos ante el Gobierno más antimunicipalista de la historia” y ha cuestionado “cómo se articula legalmente este gasto sin ser competencia local y con la dificultad añadida para los ayuntamientos, además, de usar el superávit”.
En este punto, la alcaldesa rondeña ha abundado en que “municipios como Ronda están luchando contra la despoblación y esta medida del Gobierno de España, además de injusta, alienta la despoblación de los municipios del interior” y ha afirmado que el Consistorio rondeño “ya cedió un local a la Asociación de Autoescuelas para el desarrollo de estos exámenes hace más de dos décadas”.
“Una cosa es colaborar y otra que se nos exija una inversión de más de 125.000 euros a cada ayuntamiento”, ha manifestado, y ha preguntado “¿por qué tenemos que sufragar las competencias propias del Ministerio?”, señalando que las entidades locales son la administración más infrafinanciada.
“Lo que está claro es que esto es una medida absolutamente desproporcionada que perjudica a los vecinos; un impuesto revolucionario a los ayuntamientos para que el Ministerio invierta aún menos en nuestras ciudades”, ha alertado.
Por último, tanto Barón como Fernández han reprochado al Ministerio del Interior que mantenga bloqueadas las obras tanto del cuartel de la Guardia Civil de Antequera como de la comisaría de Policía Nacional de Ronda. “El Gobierno no ejecuta las inversiones necesarias en los municipios ni en la provincia de Málaga, pero sí exige a los ayuntamientos y a los vecinos que asuman inversiones que son de su competencia”, ha concluido.