Compartir esta publicación
· Del Cid y Villanova reclaman al Gobierno que dote de financiación estatal a los municipios para mitigar el gasto que deben hacer para adaptar el servicio e invertir en contenedores y maquinaria
· Exigen a Sánchez que “deje de asfixiar a los ayuntamientos y atacar a los vecinos” y exigen un aplazamiento en su aplicación
La presidenta del Consejo de Alcaldes del PP de Málaga, Margarita del Cid, ha anunciado hoy que la formación popular va a iniciar una ofensiva institucional para frenar el denominado “tasazo de la basura” impuesto por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “sin diálogo ni acuerdo previo y que obligará a los ayuntamientos a cobrar más a los vecinos por este servicio”.
Así, junto al alcalde de Alhaurín de la Torre y vicepresidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Joaquín Villanova, ha trasladado la “honda preocupación” que existe en los ayuntamientos por este nuevo impuesto que obligará a subir el recibo obligatoriamente a partir del 1 de abril de 2025.
La también alcaldesa de Torremolinos ha recordado que el cambio de modelo en la gestión de los residuos viene determinado por una directiva europea que busca avanzar en esta materia e incluso “da pie a desarrollar un marco en el que pague más quien más contamina y que el vecino que más recicle pueda ver reducida su tasa de basura”.
Sin embargo, ha continuado, se da la potestad de articular el desarrollo de la misma a cada Estado “y es ahí donde volvemos a ver una vez más al presidente del Gobierno más enemigo de los ayuntamientos y que ha demostrado su absoluta incapacidad para gestionar”. La prueba está, ha añadido Del Cid, en que “ha cogido el camino fácil: machacar a los españoles, pero obligando a los ayuntamientos a hacerlo”.
“Somos los ayuntamientos los que, sin diálogo, sin avisar y sin herramientas, tenemos que hacer frente al nuevo modelo y, además, regularlo mediante una tasa. Es decir, nos obliga a subir los impuestos, a cobrarles más a los vecinos por un servicio que ya veníamos prestando”, ha lamentado la presidenta del Consejo de Alcaldes del PP de Málaga.
En este sentido, se ha preguntado por qué el Gobierno de Sánchez “no ha regulado este nuevo servicio vía impuesto estatal en vez de cargarle la obligación a los ayuntamientos” y ha explicado que el Ejecutivo podría haber creado ayudas especiales para garantizar la financiación de los ayuntamientos para llevar a cabo todas las inversiones necesarias para cumplir dicha directiva europea.
“Serán nuevos contenedores, nuevos sistemas de tonelaje y de recogida de residuos. ¿De dónde piensa Sánchez que vamos a sacar el dinero para todo esto?”, ha finalizado la responsable del Consejo de Alcaldes del PP malagueño.
“Sánchez asfixia también a los ayuntamientos”
Por su parte, Villanova ha acusado al Gobierno de Sánchez de “asfixiar también a los ayuntamientos y atacar así a los vecinos” y ha recordado el manifiesto suscrito el pasado sábado por los alcaldes populares de la provincia y sus puntos que “van a conformar las iniciativas parlamentarias, mociones y propuestas de acuerdo en el ámbito de la FAMP y de la FEMP”.
En este punto, ha incidido en el aplazamiento del límite de ejecución establecido por la Ley para el funcionamiento de esta tasa, establecido en abril de 2025; y ha reclamado financiación estatal para dar respuesta a la directiva europea y que se dirija exclusivamente a los ayuntamientos “para que puedan modificar sus servicios de recogida y gestión de residuos para adaptarse a lo exigido por dicha norma”.
El regidor ha planteado un plan de inversión en materia de economía circular para favorecer la implantación de instalaciones, experiencias de reciclaje, mejoras en el tratamiento de residuos y en los hábitos domésticos.
Por último, respecto al impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos que recoge la misma ley 7/22, de 8 de abril, y que ingresan las comunidades autónomas, el vicepresidente de la FAMP y alcalde de Alhaurín de la Torre ha exigido al Gobierno que introduzca mecanismos de control para garantizar que todas las regiones cumplen y reinvierten esos recursos en políticas de reciclaje, economía circular y lucha contra el cambio climático, “de manera que no se genere aún más desigualdad entre territorios”.