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· Navarro sostiene que esta petición permitirá que no haya cotizaciones por parte de las empresas y que los empleados cobren su prestación por desempleo: “No podemos dejar que echen a un solo trabajador; no tienen la culpa de la falta de lluvia ni de inversión de los anteriores gobiernos socialistas”
· “Estamos todos a una contra la sequía menos Pedro Sánchez, que ni está ni se le espera y tiene pendientes obras hidráulicas en la provincia que superan los 2.000 millones de euros”, subraya la presidenta provincial
La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha anunciado que la formación presentará mociones en los ayuntamientos y en la Diputación Provincial para reclamar al Gobierno de España que dé luz verde a que los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) motivados por la sequía “sean considerados de fuerza mayor”.
En la Junta Directiva Provincial celebrada hoy, la presidenta ha explicado que, ante los problemas derivados de la severa escasez de lluvias, el Gobierno central debe intervenir y considerar que los ERTE motivados por la sequía se consideren de fuerza mayor, lo que implica que no haya cotizaciones por parte de las empresas, de manera que no se les perjudica, y tampoco a sus trabajadores, que cobrarían la prestación por desempleo.
“La sequía no la ha elegido nadie, no ha sido fruto de la mala gestión de una empresa. Las empresas no tienen la culpa de que no llueva y no tienen culpa de que durante muchos años no se hicieran los deberes en materia de infraestructuras hidráulicas en nuestra provincia por parte de los gobiernos socialistas”, ha resaltado Navarro, quien ha hecho hincapié en el “esfuerzo” del Gobierno de Andalucía para hacer frente a la sequía con cuatro decretos y “movilizando recursos como nunca”.
Por tanto, ha incidido en la necesidad de que se consideren los ERTE derivados de la sequía como causa de fuerza mayor, al igual que ocurrió durante la pandemia por otros motivos y que supusieron un ahorro de costes sociales para las empresas, sin descontar tiempo de desempleo a los trabajadores.
“No podemos dejar que sectores estratégicos como el turismo o empresas de mantenimiento de jardines, piscinas, etcétera, echen a la calle a un solo trabajador”, ha reiterado, al tiempo que ha agregado que la sequía es una “causa sobrevenida”.
La máxima dirigente provincial ha incidido en que las complicaciones que acarrean las empresas por la falta de agua no solo se circunscriben al sector agrario, sino que causan un efecto dominó y perjudica también a la industria y al sector servicios.
Navarro ha apuntado que hay ya municipios que están teniendo que decir no a nuevos desarrollos que son “fundamentales para seguir progresando por la situación de sequía”, por lo que ha lamentado “la continua ausencia del Gobierno de España”, que ha contrapuesto con la “hiperactividad de la Junta de Andalucía, de la Diputación y de los ayuntamientos”.
“Estamos todos a una luchando contra la sequía menos uno, que es Pedro Sánchez y el Gobierno de España, que ni está ni se le espera”, ha criticado, y ha recordado que no ha ejecutado ni una sola de las obras hidráulicas que tiene pendientes en la provincia y que superan los 2.000 millones de euros, como el trasvase de Iznájar o la desaladora de la Axarquía, entre otras.
Una “nula” apuesta por Málaga por parte del Gobierno central que se repite en otras cuestiones urgentes, ha dicho Navarro, como es el caso de la movilidad en el eje litoral de la provincia, con actuaciones pendientes como el tercer carril de la ronda este para dar más fluidez al tráfico y establecer una plataforma reservada para vehículos de alta ocupación o una futura nueva ronda al norte de la A-7, además del tren de la Costa del Sol hasta Marbella, Estepona y Algeciras.
“Esta infraestructura ferroviaria que llevamos reclamando toda la vida no puede faltar en la agenda del Gobierno, ni en el de Sánchez ni en el futuro Gobierno del PP”, ha manifestado la presidenta del PP de Málaga, quien ha afirmado que mientras no se trabaje en este tren el Ejecutivo debe suspender temporalmente el peaje de la A-7, que es el más caro de España; o, al menos, bonificarlo al 75%, como ha hecho Sánchez en otros territorios de España para garantizarse su investidura”.