Compartir esta publicación
Así se lo ha trasladado la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, a las principales asociaciones que representan a este colectivo (FEDECA, APSITAL y COSITAL) en una reunión mantenida con ellos en la Cámara Alta
• Se tratan de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional: secretarios, interventores y tesoreros • En los últimos años Sánchez ha pretendido transferir al País Vasco y a Cataluña competencias en materia de régimen jurídico, selección, formación y provisión de estos funcionarios
• La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, subraya que el Tribunal Constitucional sentenció que la selección de estos funcionarios es competencia del Estado
• Pone en valor el papel de los habilitados nacionales durante el golpe independentista en Cataluña, y acusa a Sánchez de desarmar al Estado
• Alerta de que esa transferencia supondría “interferencias, conflictos de interés o influencias indebidas que pueden comprometer la independencia de la actuación administrativa”
• García denuncia que “este es un pago más del alquiler de La Moncloa a los independentistas, que aumenta según crece la debilidad del Gobierno de Sánchez por la corrupción”
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha registrado una Proposición de Ley de modificación de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local para blindar la competencia estatal de los habilitados nacionales que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere entregar a los independentistas. Se trata de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional: secretarios, interventores y tesoreros, que tienen encomendadas las funciones reservadas de fe pública, asesoramiento legal preceptivo, control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación en las entidades locales del conjunto del Estado. De esta manera, se garantiza su uniformidad y un estándar mínimo de observancia del ordenamiento jurídico en todo el territorio nacional. En este sentido, la competencia estatal supone una mayor imparcialidad en la medida en que aleja la selección de los funcionarios encargados del control jurídico y económico de las entidades locales de quien han de ser controlados por éstos, evitando cualquier influencia de los poderes regionales y locales en fase de selección.
También determina una mayor capacitación y cobertura de vacantes, dado que se garantizan unas pruebas comunes con unos niveles de exigencia homogéneos, mismo temario y un mayor número de plazas a las que optar. Además, la descentralización y fragmentación del régimen único de selección va a provocar una pérdida de prestigio y relevancia de este cuerpo funcionarial dificultando más si cabe la atracción del talento. Por todo ello, el GPP considera que corresponde exclusivamente al Estado la regulación del régimen jurídico de los habilitados nacionales. Así como la aprobación de la oferta de empleo público, selección, formación y habilitación de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. Algo que responde a los más de cien años de historia de estos funcionarios y a la sentencia del Tribunal Constitucional 25/1983, que declaró que la selección de funcionarios es competencia del Estado.
Pago de Sánchez a los independentistas
A pesar de ello, Pedro Sánchez está intentando transferir al País Vasco y a Cataluña competencias en materia de régimen jurídico, selección, formación y provisión de los habilitados. Como recuerda la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ya lo hizo Zapatero en 2007 y tuvo que recuperarlo el último Gobierno del PP en 2013 porque fue un absoluto fracaso. Según la dirigente popular, este traspaso supondría “interferencias, conflictos de interés o influencias indebidas que pueden comprometer la independencia de la actuación administrativa”. “Sánchez está dispuesto a entregar el Estado para seguir en La Moncloa un tiempo más”, lamenta García, quien subraya que “el presidente del Gobierno ha ido entregando por fascículos todo lo que le han ido exigiendo los independentistas”.
En este sentido, destaca el papel de los habilitados nacionales durante el golpe independentista. “Ellos fueron clave para que el proceso secesionista de Puigdemont y Junqueras no triunfase”, asegura la dirigente del PP, al tiempo que acusa a Sánchez de “desarmar el Estado y entregarlo a aquellos que quieren romper España para que le dejen un tiempo más en la presidencia del Gobierno”. Por ello, afirma que esta transferencia “es un pago más del alquiler de La Moncloa a los independentistas, que aumenta según crece la debilidad del Gobierno de Sánchez por la corrupción”. “Un desguace del Estado y de la calidad democrática que se revertirá en cuanto el Partido Popular y Alberto Núñez Feijóo lleguen al Gobierno”, concluye.