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La portavoz del PP de Málaga, Elisa Pérez de Siles, ha defendido la “gestión real” del PP en políticas de vivienda pública y ha puesto como ejemplo al Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía, administraciones que “trabajan para que la población tenga acceso a una vivienda a precio asequible frente a las “promesas incumplidas del Gobierno de Sánchez en estos cinco años”. Ejemplo de ello es la firma, en el día de ayer, del último trámite necesario para que el Gobierno Andaluz avale a jóvenes menores de 35 años en la compra de su primera vivienda.
El convenio suscrito entre ocho entidades bancarias va a permitir que, a partir de septiembre, el Gobierno Andaluz se convierta en aval, cubriendo hasta el 95% del coste de la adquisición. Este programa, denominado Garantía Vivienda Joven contará con una partida de 20 millones de euros que permitirán beneficiar sólo el primer año a cerca de 1.000 jóvenes. Una medida que se adelanta, una vez más, al Gobierno de Pedro Sánchez, quien realizó toda una serie de promesas electorales pero que, a día de hoy, siguen en periodo de tramitación.
En esta línea, Pérez de Siles ha subrayado que la única gestión en vivienda que ha hecho Sánchez en este lustro es “la inacción, con once anuncios que, si se sumaran, supondrían 420.000 viviendas en toda España construidas, de las que no hay ninguna”. “En todo este tiempo, el Gobierno de Sánchez sólo ha conseguido que los alquileres suban y que los propietarios teman alquilar sus pisos”, ha expuesto.
La portavoz provincial del PP ha recalcado que “lo que tiene que hacer el Gobierno de España es ofrecer herramientas a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para hacer frente a la okupación en lugar de aprobar leyes que la bendicen”. Así, ha subrayado que “es necesaria la implicación de todas las administraciones para que estas acciones contra el derecho a la propiedad no queden impunes”.
Para resolver el problema de la vivienda, Pérez de Siles ha manifestado que el PP apuesta por la colaboración público-privada, armonizar las actuaciones entre las distintas administraciones para tener seguridad jurídica y sacar suelo al mercado, dotar de seguridad jurídica al planeamiento urbanístico estatal y fomentar la industrialización de vivienda con incentivos y rebajas fiscales.
Además de este último paso para ayudar a los jóvenes a la compra de su primera vivienda, Pérez de Siles ha señalado que, desde la llegada de Juanma Moreno, el Gobierno de la Junta ha actuado en Málaga para el desarrollo de 1.146 viviendas a través de inversión directa, la oferta de suelos en colaboración público-privada o la colaboración con los ayuntamientos. Además, el programa de Fomento del Parque de Viviendas en Alquiler ha permitido, desde que se lanzó en 2019, el desarrollo de 639 viviendas en Málaga y su provincia.
En el caso del Ayuntamiento de Málaga, recientemente se aprobó de manera definitiva el Plan Municipal de Viviendas y Suelo 2023-2027, que contempla construir un total de 8.900 viviendas para atender a la demanda y cumplir los objetivos en esta materia y en el periodo temporal planteado: 4.100 viviendas protegidas — 2.700 en alquiler (65%) y 1.400 en venta (35%) — y 4.800 viviendas libres. De igual modo, se contemplan como necesarias 4.700 actuaciones de ayudas al alquiler a través de los planes de las distintas administraciones.
Asimismo, la portavoz ha recordado que desde el año 2000 el Ayuntamiento de Málaga ha construido y entregado a los ciudadanos un total de 5.324 viviendas protegidas, de las que 2.496 son en régimen de alquiler y 2.828 en régimen de propiedad, lo que ha supuesto una inversión de más de 500 millones de euros.
También ha señalado Pérez de Siles que, actualmente, el Consistorio está llevando a cabo en diferentes fases de construcción y promoción 1.056 nuevas viviendas a través del Instituto Municipal de la Vivienda y la Sociedad Municipal de Viviendas de Málaga, en promoción propia o en colaboración público-privada, la mayoría de ellas para alquiler.
Además, ha denunciado que uno de los pilares en los que se basaba el supuesto plan nacional para impulsar el parque de vivienda social, las más de 14.000 viviendas procedentes de la Sareb, se hunde porque más de 2.500 se encuentran okupadas por personas que no se encuentran en estado de vulnerabilidad.
En cuanto a la actual ley estatal de vivienda, ha añadido que la mayoría de las medidas que se recogen en ella “generan inseguridad jurídica, invaden competencias de las comunidades autónomas, es intervencionista, supone una enorme carga sobre los propietarios, no incentiva el mercado; no resuelve los problemas de acceso y vulnera la propiedad privada con expropiaciones encubiertas”.