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La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular ha supuesto un nuevo mazazo para los ayuntamientos españoles y sus vecinos en el que el Gobierno central ha demostrado, una vez más, falta de empatía, de diálogo y de capacidad de gestión respecto a un asunto importante en materia de economía circular y sostenibilidad que ha terminado convirtiéndose en un paso más hacia la asfixia financiera de la administración local.
Esta Ley recoge el testigo de una directiva europea que propone calcular el consumo de residuos por hogar y los niveles de reciclaje, de tal forma que grave a aquellos que más contaminan. La directiva europea no establece el régimen de aplicación, por lo que cada Estado miembro decide cómo se articula.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido regular esta directiva mediante la imposición de una tasa de recogida de residuos que cada ayuntamiento deberá repercutir a todos sus vecinos, con la dificultad añadida de que será también la administración local la que deberá adaptar su servicio a la necesidad de calcular el nivel de generación de residuos de forma individual, lo que se traduce en millones de euros de inversión en nuevos contenedores y maquinaria, sin ningún mecanismo de financiación extraordinaria.
Ante esta injusticia, evitable por parte del Gobierno central, que sólo se acuerda de los ayuntamientos para delegar más servicios sin que vengan acompañados de recursos económicos, el Consejo de Alcaldes del Partido Popular de Málaga propone:
- Un aplazamiento del límite de ejecución establecido por la Ley para el pleno funcionamiento de esta tasa, actualmente fijado en el 1 de abril de 2025.
- Financiación estatal que dé respuesta a la directiva europea y vaya dirigido exclusivamente a los ayuntamientos para que puedan modificar los servicios de recogida y gestión de residuos para adaptarse a lo exigido por la normativa europea.
- Mecanismos de control en esa Ley que garanticen que todas las comunidades cumplen y que esa parte de los recursos que llegan a las autonomías son reinvertidos en políticas de reciclaje, economía circular y lucha contra el cambio climático, de manera que no se genere desigualdad entre territorios.
- Un plan de inversión en materia de economía circular que favorezca la implantación de instalaciones, experiencias de reciclaje, mejoras en el tratamiento de residuos y en los hábitos domésticos.
- Elevar estas peticiones a todos los ámbitos ejecutivos, legislativos y consultivos para su necesaria aplicación, así como órganos de representación municipal tales como la Federación Española de Municipios y Provincias y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.