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Don MARIANO LÁZARO MONTALVO presidente de la Asociación de radios y TV independientes de España (ARI), Don ANDRÉS MALDONADO CUADRADO, presidente de la Asociación para la Defensa de las Emisoras Locales de Andalucía (ADELA) en el de Asociaciones de la Junta de Andalucía, Don CARLOS MONTAÑO PEREZ, Presidente de la Asociación de Profesionales de Radio e Información Libre (APRIL). Reunidas las Juntas Directivas de las referidas asociaciones, y los anteriores en su representación y en cumplimiento de lo acordado, desean manifestar que ante la falta de conocimiento de muchos datos y circunstancias -por diversos sectores del mundo de la comunicación radiofónica y prensa escrita de este país- sobre la situación de las cadenas o emisoras de radio “pendientes de regularizar” se procede a informar de todo lo siguiente para su conocimiento público:
1. La mayoría de emisoras “sin título habilitante” nacen en nuestro país entre los años 82 y 84, por tanto antes de promulgarse la Ley Estatal Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de ordenación de las Telecomunicaciones; y por supuesto antes de 1 las posteriores leyes audiovisuales tanto estatales como autonómicas. Los empresarios fueron siempre por delante de la Ley, pues el Gobierno Central y las Autonomías no legislaban en aquel momento para adjudicar frecuencias –siendo su obligación para establecer concursos para un reparto justo del espacio radioeléctrico como dominio público que es-.
2. Después de todo ello, cuando fueron convocados los primeros y oportunos concursos con posterioridad, nuestras empresas (porque somos empresarios que tributamos están dados de alta a todos los efectos legales con absoluta transparencia) participaron en todos ellos, pero la adjudicación resulto siempre en manos de emisoras afines a los gobiernos del momento. Eso lo afirma literalmente y demuestra el Informe del Catedrático de Sevilla –colaborando con otros- de Don Luis Arboledas, sobre “Concentración y dependencia en la radio privada andaluza (1982-2008) Ámbitos, núm. 19, 2010, pp. 219-242 Universidad de Sevilla, España” (disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=16820577013).
Añadir a todo ello que durante este tiempo emisoras como las nuestras han venido reclamando poder participar en condiciones de igualdad en posteriores concursos sin éxito alguno, o reclamando que se proceda a convocar de nuevos para dar cabida a nuevas emisoras –sobre todo de personas jóvenes y empresas emergentes que no han tenido nunca opción a nada- y, viendo las conclusiones del informe emitido y referenciado, es obvio deducir que les ha sido vetado de plano tal Derecho Constitucional (que se relaciona con el artículo 20 de la Carta Magna) promoviendo con ello el gobierno lo que se denomina el fenómeno de “acumulación de medios para su control político”; algo que en democracia es sencillamente repugnante. Y eso tampoco es que lo digamos nosotros, sino que lo han afirmado instituciones tan reseñadas como las que siguen.
3. En su relación el Informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, de 12 de abril de 2018, del Parlamento Europeo – Ponente Bárbara Spinelli- (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8- 22018-0144&format=XML&language=ES) pone de manifiesto tal execrable fenómeno (por llamarlo de alguna forma). Y, por si fuera poco, el Comité de Derecho Humanos de Naciones Unidas ha pedido a España que explique el por qué excluye a medios alternativos del reparto de licencias audiovisuales (https://www.eldiario.es/sociedad/medios_comunitarios-licencias- ONU_0_749275971.html).
4. Ello tiene relación con que Movistar, Atresmedia y Mediaset acaparen el 75% de los ingresos del sector audiovisual. Y Los consejos de administración de la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE), Mediaset, Atresmedia y CCMA (Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals) alcanzan el 94% de la cuota del mercado audiovisual español y controlan lo que ve el 78% de toda la audiencia. En el caso de la radio son la Ser, la COPE, Uniprex (Ondacero) y Radiocat XXI (RAC1) quienes deciden lo que escucha el 80% de la audiencia total de la radio española y controlan el 97% del mercado. Y la alta concentración cruzada de los medios de comunicaciónprovoca que España padezca un «riesgo alto» de falta de pluralidad. Son datos del último informe de 2016 del “Media Pluralism Monitor” (http://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor), el Centro Europeo para el Pluralismo Informativo y la Libertad de Prensa.
5. Añadir en el plano técnico, que el espacio radioeléctrico tiene cabida para todas las emisoras existentes y las que lo puedan solicitar. Efectivamente, si la Administración Pública de este país -en vez de haberse dedicado a sancionar y a la vez adjudicar las licencias a su conveniencia- se dedicara a construir en pro del bienestar de los ciudadanos, lo que debería hacer es coordinar entre Estado y Comunidades Autónomas la apertura del espectro y, dar cabida a todas las emisoras que –dentro de unos márgenes de justificación- lo solicitaren en un sistema de adjudicación justo –algo que reiteramos nunca ha sucedido visto los datos aportados-. Ello por cuanto que caben y, además prestan un servicio público hacia la pluralidad y la libertad democrática.
6.Es también un hecho demostrable –basándonos en información proveniente del propio Gobierno Central- que tanto las Administraciones Públicas de este país como las grandes cadenas referidas anteriormente, han ido creando centenares de emisoras sin título habilitante. Por ejemplo es un hecho demostrable que Canal Sur Radio (entidad dependiente de RTVA regulada a través de la Ley 18/2007, de 17 de diciembre, de la radio y televisión de titularidad autonómica gestionada por la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía) cuenta en Andalucía con 104 emisoras sin título habilitante o legalizar –se puede decir cómo se quiera-, no pudiendo ser excusa el que pertenezcan a una entidad pública (por cuanto que quizás sólo algunas de ellas son puramente emisoras públicas que cumplen con los requisitos de interés general y utilidad pública, y aún así necesitan de una autorización ministerial de la que no disponen; pero el resto son emisoras con ánimo comercial y, por tanto, se han de someter a las mismas reglas de concurso que las privadas del mismo tipo –sobre este tema volveremos en alegaciones siguientes).
7. Y mientas todo esto ocurre y ha ocurrido, nuestras asociaciones están luchando para obtener una justa regularización del sector por parte del Gobierno –con participación de las CCAA-, no pudiendo admitirse que las cadenas ilegales de las grandes corporaciones –y de las propias Administraciones Públicas- aleguen la exigencia del cumplimiento de la legalidad, cuando ellas mismas son las primeras que la incumplen.
8. Nuestras asociaciones se han reunido y se siguen reuniendo con el Ministerio competente del Gobierno de la Nación, y con las CCAA, a efectos de encontrar una solución al problema generado durante los últimos cuarenta años en este país.
9. El grupo de emisoras locales que representamos y defendemos actualmente, produce más empleo que las 4 grandes cadenas estatales juntas; siendo nuestra fuente principal de ingresos los pequeños clientes y anunciantes que no pueden acceder a los altos precios que fijan las grandes corporaciones. 4
10.Nuestras emisoras además representan al mundo local, a aquello que es cercano al ciudadano, a la información del lugar, luchando por tanto por una diversidad y a la vez contra el fenómeno de la desertización poblacional de los lugares.
11.También nuestras emisoras tributan y pagan impuestos que son aceptados tanto por el Gobierno Central, como las CCAA y los entes locales. Por tanto son generadoras de riqueza para un sector que ocupa a muchos profesionales. Descabezar a todas estas emisoras –como pretenden algunas grandes corporaciones mediáticas- supondría dejar a miles de personas y familias sin trabajo, a la vez que anularía dicha tributación –ahora más necesaria que nunca ante una situación de crisis sanitaria y económica del todo evidentes-.
12.Las cuatro grandes cadenas y corporaciones de este país tienen sus estudios centralizados en Madrid, lo que convierte al 85% de sus postes en meros repetidores, sin estudios ni personal, y sin programación local. Eso no tiene ningún valor social y ni mucho menos comunicativo.
13.Hay que señalar también que la A.E.R.C (Asociación Española de Radios Comerciales) ha solicitado que las emisoras locales dejen de existir cuando ellos a la vez las utilizan para su cobertura. No se puede manifestar mayor hipocresía y contradicción.
14.Otro dato muy relevante es que las emisoras que cuentan con título habilitante –es decir, licencia- también incumplen de continuo con las bases del concurso que sirvió para su adjudicación –lo que es manifiestamente ilegal-. La pregunta o cuestión es si habría que rescindirles la concesión. Triplicar la potencia concedida, la instalación de sistemas radiantes, el cambo de ubicación o la ausencia de programación adaptada a las normas de la concesión son infracciones de continuo que se producen en este país por las grandes corporaciones que invocan el principio de legalidad contra nosotros. No hace falta mayor comentario.
15.Pedimos por tanto al Estado y a las CCAA que se pongan a trabajar en todo ello, y tomen también la delantera a lo que viene que es la radio DAB+ e Internet, donde 5 ya coexisten miles de emisoras -y las que vendrán- con las nuevas tecnologías sin control ninguno.
16.Resumiendo, nuestras pequeñas empresas que pagan impuestos, que crean empleo y que prestan un servicio público local esencial y de cercanía; habiendo demostrado nuestra capacidad de atender, crear empresa con pocos medios y con la poca atención de las Administraciones a nuestro problema; aspiramos a que después de 40 años accedamos a un concurso sólo para emisoras locales y obtener licencia que nos permita desarrollar nuestra actividad.
17.No entendemos como colectivos como universidades, sindicatos y partidos políticos firman comunicados contra la existencia de las emisoras locales, y todos los principios que ellas significan y representan. Preguntamos por ello a los periodistas profesionales: ¿defienden ustedes el pluralismo informativo, la diversidad y la libertad de expresión? ¿Con quién se debe estar entonces?
18.Los partidos políticos deben plantearse qué tipo de sociedad quieren definir y quieren defender: una sociedad libre con la Constitución en la mano, o la de la corriente y conveniencia política del momento; no pudiéndose poner barreras en pleno siglo XXI a la libre información en un estado democrático, libre y plural.
19.En cuanto a la impugnación por el Gobierno Central ante el Tribunal Constitucional del Decreto-Ley de la Junta de Andalucía 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía, decir que la anulación de la posibilidad de sancionar a anunciantes en emisoras sin título habilitante –como lleva a cabo el Decreto Ley referido- es del todo lógica por ser un precepto claramente inconstitucional incorporado no se sabe como a una Ley Audiovisual de Andalucía que no solamente es parcialmente inconstitucional por ese y otros motivos, sino que curiosamente en sus Disposiciones Adicionales prevé regularizaciones para muchos sectores, con excepción del nuestro. 6
20.En conclusión todo lo anterior es nuestro posicionamiento, reflejado también en un escrito que esta Asociación remitió con fecha del 18 de Julio de 2019 al actual Consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía. 21.Y todo lo anterior se remite y envía con la petición de publicación con el objeto de que quede reflejado no sólo nuestro posicionamiento, sino también cual es la real situación en que nos encontramos la cadenas pendientes de regularización y, sobre todo, cual ha sido el recorrido histórico de este asunto en nuestro Estado – situación y hechos contrastados muy lejanos a lo que otras cadenas han publicado y dicho a través de los medios de comunicación-.