Compartir esta publicación
El documento, que ahora debe pasar el trámite de audiencia
pública, fija los requisitos y parámetros que deben reunir los
demandantes de estos equipamientos
La sesión plenaria también ha validado el convenio para que la
Mancomunidad de Municipios arbitre los recursos contractuales y la
modificación de la Ordenanza de Plusvalía
El Ayuntamiento de Fuengirola ha aprobado inicialmente la Ordenanza
Reguladora de los Precios de las Viviendas Sociales en Alquiler. Ha salido
adelante con los votos favorables de todos los grupos políticos presentes en
el Pleno Municipal.
Se trata del primer paso para dotar a la institución local de un texto
normativo para fijar los requisitos y parámetros que deben reunir los
demandantes de estos equipamientos, que están destinados,
principalmente, a unidades familiares o vecinos individuales con pocos
recursos económicos para afrontar los gastos necesarios para poder
acceder a un hogar.
De esta forma, la norma estipula asuntos como el nivel renta de los
solicitantes, los derechos y deberes que adquieren al ser beneficiarios de
una de estas viviendas, la fórmula para fijar el precio del alquiler o la fianza
que deben depositar, entre otras cosas.
Tras la aprobación de hoy, la ordenanza continuará su tramitación. De
forma que ahora debe publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia para
iniciar un proceso de audiencia pública, durante 30 días, para que, si no
hay alegaciones, pueda ser aprobada de forma definitiva.
En otro orden de cosas, la sesión plenaria de hoy, correspondiente al
presente mes de mayo, ha refrendado la propuesta de convenio de
colaboración entre la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol
Occidental y el Consistorio fuengiroleño para la adhesión al Tribunal de Recursos Contractuales. Ha salido adelante por unanimidad de todos los
grupos políticos con representación en la Corporación.
El objetivo es acortar los plazos de resolución de estos procesos, a fin de
poder tramitar las licitaciones lo más rápidamente posible cuando se
producen discrepancias entre los aspirantes a alguno de los contratos que
el Ayuntamiento promueva mediante concurso público.
Por otro lado, el Pleno ha dado su visto bueno, con los votos a favor del
Grupo Municipal Popular, las abstenciones de PSOE e Izquierda Unida, así
como con la negativa de Ciudadanos y Vox, la modificación de la
Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor
de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Es un trámite necesario para
adaptar esta norma fiscal al Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre,
que obliga a los ayuntamientos a adaptar sus ordenanzas fiscales en un
plazo de seis meses.