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El pleno de diciembre abordará la reversión de los terrenos para abordar esta nueva cesión, que culminará con la construcción de esta infraestructura pública por parte de la administración autonómica y provincial.
El próximo pleno del mes de diciembre en Torremolinos abordará la reversión de los terrenos destinados al Palacio de Justicia de Torremolinos-Benalmádena, para su posterior cesión a partes iguales a la Junta de Andalucía y la Diputación de Málaga al objeto de que entre ambas administraciones construyan el edificio que albergará el mismo.
El nuevo edificio no sólo dará servicio a los cerca de 150.000 habitantes empadronados que suman los municipios de Torremolinos y Benalmádena, sino también a millones de turistas que los visitan cada año y a aquellos que pasan en ellos largas temporadas aunque no sean su residencia habitual.
La nueva sede solventará el déficit de espacios y la antigüedad constructiva de los edificios actuales, generará espacios de reserva para las futuras ampliaciones de la planta del partido judicial, mejorará la eficacia y funcionamiento de los órganos judiciales, dotará de unas infraestructuras modernas y funcionales al partido judicial, protegerá a las víctimas de delitos y garantizará la intimidad de las personas usuarias y creará unas infraestructuras judiciales plenamente accesibles, sin barreras arquitectónicas.
Además, optimizará los recursos reduciendo los costes asociados al mantenimiento y conservación de las instalaciones y servicios comunes, contribuirá a la consecución de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y mejorará las condiciones de trabajo del personal de la Administración de Justicia, adaptando el nuevo edificio a las necesidades actuales del desarrollo de la actividad judicial.
Actualmente, la planta judicial consta de un Juzgado Decano, cinco juzgados de Primera Instancia, cinco juzgados de Instrucción, Fiscalía Provincial, Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y Registro Civil, que están repartidos en varios edificios.
El nuevo edificio permitirá reubicar, en un único inmueble, todos los órganos jurisdiccionales existentes, implantar otros nuevos y prever espacio para las necesidades futuras.