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El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, ha destacado la entrada en vigor este sábado 24 de enero de la Ley de Vivienda de Andalucía, que permitirá aumentar la oferta de vivienda protegida y a precio asequible en la comunidad autónoma y contrarrestar el daño que ha hecho la ley “ideológica, intervencionista y permisiva con la okupación del Gobierno de España”.
Esta ley andaluza, fruto del consenso y el diálogo con todos los agentes del sector, sindicatos y ayuntamientos, es un paso más “que demuestra que el PP pone a los ciudadanos en el centro de su gestión” y ha recordado que la vivienda era la preocupación número 17 de los españoles y ahora, con el Gobierno de Pedro Sánchez y María Jesús Montero, “ha escalado hasta ser la número uno”.
Este hecho se debe, ha agregado, a la puesta en marcha hace dos años y medio de una ley estatal de vivienda “que ha invadido competencias autonómicas y que ha sido nefasta para los intereses de los ciudadanos, que han visto cómo el precio de compra y alquiler de viviendas no deja de aumentar, igual que los casos de okupación y la pérdida de seguridad jurídica de los propietarios”.
Tras recordar la Ley Antiokupación del Partido Popular aprobada en el Senado y que continúa “bloqueada” por los sanchistas en el Congreso, Ortega ha resaltado que las administraciones gobernadas por los populares en Málaga son ejemplo en la gestión de políticas de vivienda con el impulso a la construcción y ha subrayado la iniciativa impulsada por el PP de Málaga de crear oficinas ‘antiokupación’ en las ciudades de más de 20.000 habitantes donde gobiernan y de asesorar a las pequeñas localidades a través de la Diputación. También, el esfuerzo de los ayuntamientos por construir VPO, como las 1.041 actualmente en construcción y las 1.361 VPO en fase previa de edificación en Málaga capital o las que están promoviendo los municipios gobernados por el PP en la provincia.
Por tanto, el dirigente provincial ha hecho hincapié en que la Ley de Vivienda de Andalucía ya en vigor tiene la “apuesta firme” de acelerar el aumento de VPO a precio asequible, tomando así el Gobierno de Juanma Moreno “la iniciativa para incrementar la oferta de vivienda protegida y la rehabilitación, la disponibilidad de suelo, la reducción de burocracia en los proyectos residenciales y el refuerzo de la seguridad jurídica de los propietarios”.
Así, contempla medidas como la creación de las áreas prioritarias donde hay mayores dificultades para el acceso a la vivienda, la puesta en marcha de ayudas al alquiler y a la compra o incentivos a la construcción de nueva vivienda o a rehabilitación. También apuesta por la colaboración público-privada en sus diferentes modalidades (concesiones, subvenciones) para sumar esfuerzos en el objetivo de ampliar el parque residencial a precio asequible.
Desde 2019, la Junta de Andalucía “ha conseguido multiplicar por cuatro el número de viviendas protegidas y se ha convertido en la comunidad autónoma donde más vivienda, libre y protegida se ha iniciado en 2025, a diferencia del resto de España».
En este punto, Ortega ha recordado que esta ley culmina años de trabajo del Gobierno de Juanma Moreno, que desde 2019 ha puesto en marcha acciones como el Plan Vive En Andalucía, que ha estimulado la oferta con medidas inéditas en la comunidad como las ayudas a promotores públicos y privados; una nueva Ley del Suelo (Lista), que ha agilizado trámites y burocracia; o un paquete fiscal con 460 millones en incentivos para el acceso a la vivienda, con medidas como el aval hipotecario de la Junta para la compra de la primera vivienda del que se han beneficiado 2.365 familias andaluzas.
Además, el presupuesto dedicado a vivienda se ha elevado hasta alcanzar los 740 millones de euros, un 40% más que en 2025 y un 180% más que en 2018. “El presupuesto de vivienda se ha multiplicado casi por tres desde el último año de gobierno socialista, lo que evidencia que frente a la estafa de las 200.000 viviendas prometidas y no ejecutadas por el Gobierno de Sánchez y Montero tenemos a un presidente de la Junta que cumple y que pone a los ciudadanos en el centro de sus políticas”.