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La Asociación para la defensa de las emisoras locales de Andalucía -ADELA- se constituyó el 26 de Enero de 2018 y está formada por una cantidad representativa de empresarios propietarios de emisoras comerciales de carácter local de Andalucía que se encuentran –parcialmente- pendientes de regularizar. Su objetivo es la defensa del Derecho a la Libertad de Expresión y Comunicación recogido en el art. 20 de la Constitución Española; la defensa del sector de las emisoras locales comerciales; obtener una regularización más que merecida (ya que es una reivindicación histórica y constitucional) y, posicionarse ante la catastrófica situación actual que en la Comunidad Autónoma Andaluza se produce como consecuencia de su pasado mediático y de la publicación en 2018 de la vigente Ley Audiovisual de Andalucía.
Se viene aseverando por algunas de las Administraciones Públicas de este país (y también por la casi completa totalidad de las grandes corporaciones mediáticas y sus asociaciones y agrupaciones afines) que las cadenas pendientes de regularización (en Andalucía agrupadas en ADELA), son “ilegales o piratas” por cuanto no cuentan con “título habilitante” o lo que es lo mismo licencia para poder emitir.
Nos encontramos por tanto y aparentemente en una situación en la que hay emisoras “legales” con título habilitante o licencia (unas de propiedad pública y otras privada) y, otras “ilegales” que supuestamente no cuentan con esa habilitación y que son la gran mayoría (siendo no obstante las que dan más trabajo y generan más riqueza, y por supuesto las que ofrecen una programación local más cercana a los intereses del vecino y ciudadano).
Pero todo eso no es verdad, no es verdad en absoluto, porque lo que no se explica por nadie –o casi nadie, y ahí surge y para ello está la denuncia de ADELA- es que varios importantes informes de Catedráticos de Universidades Andaluzas han 1 demostrado que durante el gobierno socialista en Andalucía –durante todos sus cuarenta años- no sólo se privó a las pequeñas y medianas emisoras de participar en los concursos para adjudicar el espectro radiofónico, sino que dichos concursos fueron amañados y adjudicados ilegalmente a cadenas afines a ellos y sus intereses políticos; no se explica por nadie que es un hecho demostrable que Canal Sur Radio (entidad dependiente de RTVA) cuenta en Andalucía con más de cien emisoras sin “título habilitante” -según fuente ministerial-, no pudiendo ser excusa el que pertenezcan a una entidad pública y que todo ello fue obra de esos cuarenta años de gobierno socialista en Andalucía; no se explica por nadie que el Informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, de 12 de abril de 2018, del Parlamento Europeo pone de manifiesto el execrable fenómeno de la “acumulación de medios para su control político en España” y, por si fuera poco, el Comité de Derecho Humanos de Naciones Unidas ha pedido a España en reiteradas ocasiones que explique el por qué excluye a medios alternativos del reparto de licencias audiovisuales; no se explica por nadie que lo mismo proclamó el último informe del “Media Pluralism Monitor” el Centro Europeo para el Pluralismo Informativo y la Libertad de Prensa, realizado en 2016; no se explica por nadie que en cuarenta años sólo se ofertaron en Andalucía cuatro concursos para otorgar licencias de emisoras de radio, donde únicamente pudieron entrar los que interesaban, y donde las pequeñas emisoras locales –que son las que se acercan de verdad informando al vecino, las que protegen y evitan el fenómeno de la desertización de nuestros pueblos- no pudieron jamás obtener nada (y donde desde luego, nuevos y jóvenes periodistas que deseen iniciar su propia andadura en el mundo de las ondas no tienen opción alguna hoy en día); y no se explica por nadie que la práctica totalidad de las licencia concedidas a corporaciones mediáticas durante esos cuarenta años son vulneradas por sus titulares, ya que en su prestación se extralimitan de las condiciones fijadas por aquella –es decir, hablando claro, incumplen el contenido de las licencias concedidas-.
Todo esto ha sido demostrado y denunciado por ADELA –ante diferentes Administraciones Públicas, y ante todos los estamentos mediáticos de Andalucía y de nuestro país- en algunos casos con una buena y respetuosa acogida y en otros con más rechazo del ya sufrido.
Ocurriendo todo esto –y siendo sobradamente conocido por todos los partidos políticos del arco parlamentario andaluz en 2018, porque ADELA compareció y a todos se les explicó detalladamente- se proclamó la vigente Ley Audiovisual de Andalucía. La referida es una norma que no arregla nada de todo este desentuerto, sino que en determinados aspectos lo ha empeorarlo todavía más (para mayor escarnio de nuestra comunidad frente a Europa y Naciones Unidas). No sólo es una Ley que no recoge solución alguna a todo lo manifestado, sino que perpetúa e incluso agrava toda esa auténtica barbarie dentro de un supuesto sistema democrático (y encima recibe elogios de determinados sectores mediáticos de nuestra Comunidad Autónoma). Un ejemplo es la novedosa introducción de poder sancionar a un anunciante que lo hace en una supuesta emisora o cadena pendiente de regularizar; o lo que sería lo mismo y sirva como ejemplo comparativo, abre la posibilidad de denunciar a alguien que come en un restaurante sin licencia o lleva su coche a un taller sin licencia; como si el usuario tuviese que conocer y controlar esa circunstancia y debiese ser responsable por ello. Del todo absurdo desde un punto de vista acorde con el sentido común, y del todo inconstitucional desde un punto de vista jurídico.
En definitiva es una Ley que debería ser completamente revisada y, adaptándose a nuestro marco constitucional, resolver todo aquello que nos es vergonzosamente reclamado por Europa y el Mundo –como ha sido objetivamente demostrado y explicado anteriormente-; y siendo que ADELA es prácticamente la única instancia que lo denuncia y solicita, al parecer se consolida como la única voz para defender objetivamente una auténtica libertad de prensa en Andalucía.
Por supuesto, si algún estamento, asociación, agrupación o similares, se quiere añadir a esta denuncia y a la vez defensa de un Derecho Fundamental tan relevante para consolidar una auténtico Estado Democrático como es el de Libertad de Expresión y Prensa, aquí estamos.