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El vicepresidente de Infraestructuras y Territorio Sostenible de la Diputación de Málaga y portavoz del equipo de gobierno, Cristóbal Ortega, ha alertado de que el bloqueo a la aprobación de los nuevos estatutos del Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) pone en peligro económico a los ayuntamientos menores de 10.000 habitantes de toda la provincia.
Ortega, que ha comparecido ante los medios de comunicación acompañado por el diputado provincial y presidente del Consorcio, Luis Rodríguez, ha explicado que el PSOE ha roto los acuerdos alcanzados hasta en dos ocasiones.
El vicepresidente ha reclamado “lealtad institucional” al grupo socialista de cara a la Junta General que se celebra este martes, ya que, en caso de que no se aprueben los estatutos para adaptarlos a la ley, la Diputación no podrá hacer transferencias al Consorcio de RSU y tendrían que hacerlo los municipios –3,5 millones de euros–.
“Esta deslealtad institucional puede costar muy caro a los ayuntamientos y a los vecinos, también donde gobierna el PSOE”, ha apuntado, al tiempo que ha realizado un llamamiento a los alcaldes y alcaldesas para que no se dejen llevar por el partidismo en contra de los intereses de sus pueblos y vecinos.
a los alcaldes de su partido para que “les hagan entrar en razón”, ya que para aprobar los nuevos estatutos es necesario el voto a favor de dos tercios de la Junta General del Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos, organismo que presta servicios de recogida, transferencia y tratamiento de residuos a 91 municipios de la provincia.
El también portavoz del equipo de gobierno ha explicado que el texto se está negociando con todos los grupos políticos desde hace varios meses. En base a la primera propuesta, se aceptaron las consideraciones presentadas por el PSOE y Con Málaga, que hacían referencia principalmente a otorgar una mayor representación –más votos– de los municipios menores de 10.000 habitantes y a que no se redujera mucho el plazo de convocatoria de la Junta General, teniendo en cuenta que la agenda de los cargos públicos es siempre muy apretada.
Tras este primer acuerdo, el grupo socialista negó su voto, de manera que en una nueva negociación se adquirieron dos compromisos más: que el Consorcio asuma también, a partir del presupuesto de 2026, el tratamiento de residuos voluminosos a los municipios menores de 5.000 habitantes –lo que supone 280.000 euros anuales– y que el remanente anual del Consorcio se aplique a disminuir las aportaciones de los ayuntamientos, dentro de lo que permita la ley.
“Los socialistas han vuelto a desmarcarse y ahora piden que el Consorcio asuma todo lo que les corresponde a los municipios menores de 10.000 habitantes hasta el año 2030, a sabiendas de que la ley no lo permite”, ha lamentado Ortega, quien ha insistido en reclamar “altura de miras” a los socialistas y ha asegurado que “no perdemos la esperanza, volvemos a tender la mano” para alcanzar un acuerdo en las próximas 24 horas.
Tasa de residuos
El vicepresidente ha recordado que en abril de 2025 entrará en vigor de manera obligatoria una nueva tasa de residuos aprobada e impuesta por el Gobierno central que penaliza toda la basura que se entierre en el vertedero, con un coste de 30 euros por tonelada. “En qué cabeza cabe, salvo que estemos ante una estrategia política perversa, pretender sumar a este ‘tasazo’ de Sánchez más gastos, especialmente a los ciudadanos de los municipios más pequeños”, ha reflexionado.
Ante esta situación, ha afirmado que la Diputación de Málaga seguirá trabajando para concienciar a la población de la necesidad de aumentar los porcentajes de reciclaje y separación de residuos para reducir el impacto económico de la tasa del Gobierno, con objeto de pagar menos.