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El Pleno de la Diputación de Málaga ha dado luz verde al plan Málaga Sacra, dotado con ocho millones de euros en dos años y destinado a la financiación de actuaciones de conservación y rehabilitación del patrimonio eclesiástico de la provincia, como iglesias o ermitas, especialmente de municipios menores de 20.000 habitantes.
El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha destacado que muchas iglesias de pueblos pequeños son los principales referentes históricos, culturales, sociales y simbólicos de las localidades, además de constituir un atractivo turístico estrechamente vinculado a tradiciones, fiestas y romerías.
“Son edificaciones -ha añadido- que en buena parte de los casos están declaradas Bien de Interés Cultural o forman parte de los catálogos de protección patrimonial, pero que, sin embargo, en numerosos casos, su estado de conservación presenta un elevado grado de deterioro, por lo que es fundamental actuar para paliar los desperfectos existentes”.
Salado ha recalcado que la necesidad de este plan la han puesto de manifiesto los propios alcaldes, ya que hay muchas iglesias que requieren intervenciones para estabilizar torres y cornisas, neutralizar humedades o reparar cubiertas y tejados para asegurar su protección y conservación y para aumentar su seguridad.
La Diputación de Málaga cuenta con tres millones de euros en sus presupuestos de este año para llevar a cabo este ambicioso plan e invertirá otros cinco millones de euros con cargo a las cuentas de 2027.
Y ha explicado que, tras el visto bueno del plan, se firmará un convenio con el Obispado de Málaga y se creará una comisión técnica con representantes de ambas entidades para analizar el estado de los templos que requieren de actuaciones y para establecer las prioridades de acción. En este sentido, se dará prioridad a las edificaciones en las que sea importante garantizar la seguridad por riesgos estructurales o que cuenten, por ejemplo, con instalaciones eléctricas obsoletas o defectuosas, y a intervenciones en iglesias con nivel de protección patrimonial del inmueble.
Las actuaciones se ejecutarán conforme a criterios de sostenibilidad, eficiencia energética y respeto al entorno, incorporando, cuando resulte procedente, medidas de ahorro energético, mejora de instalaciones y adaptación a la normativa ambiental vigente.