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El gobierno del Partido Popular ha cometido muchos errores con el deporte: reducir drásticamente las aportaciones en los presupuestos generales a las federaciones, que nuestros mejores deportistas casi no estén becados, que las futuras promesas no reciban apoyo alguno… y así podríamos seguir durante mil folios mientras nuestros gobernantes siguen ganando una pasta gansa y, al tiempo, van apareciendo casos de corrupción y de robo a las arcas del Estado casi a diario.
Pero el peor error con diferencia es poner en práctica la Ley del Deporte que exprime a los clubes modestos. Esta ley, unida a la que pronto entrará en vigor en Andalucía, aprobada por la Consejería de Deportes que preside Luciano Alonso, que entre otras lindezas exige que los monitores de preparación física u otra actividad posean titulación universitaria y no puedan trabajar por ejemplo en un centro escolar y por la tarde complementar su sueldo como monitores de clubes, va a llevar a la desaparición al deporte base.
Los primeros, léase Partido Popular, en medio del afán recaudatorio de Cristóbal Montoro, padre del peor ajuste económico que se conoce para la ciudadanía, que no para la clase política en general, quiere recaudar de los clubes modestos hasta el último céntimo de euro que muevan. Ya sea para pagar sueldos bajos o para emplearlo en cuestiones básicas de mantenimiento del club. Quieren obligar a un monitor, jugador, colaborador o al que corta las entradas, a declarar sus ingresos al erario público y que se le aplique la retención correspondiente.
Es decir, menos paro con un empleo por horas, pero computando ya fuera del desempleo. Ingresos ridículos por las retenciones del trabajo -todo suma para ayudar al coste de la terrible administración que soporta nuestro país- y control absoluto hasta del combustible que se gastan los colaboradores sin ánimo de lucro de cada club o federación por llevar y traer a los chavales. Se trata, dicen, de que aflore el dinero negro del deporte base y todos coticen. Sólo con el desfalco de Caja Madrid-Bankia, las tarjetas opacas, los ERES en Andalucía, los cursos de formación en nuestra comunidad, los casos de corrupción en Baleares o la Comunidad Valenciana, toda esa recaudación que ahora se exige al deporte base con carácter retroactivo, por lo tanto ilegal y si no al tiempo, sería innecesaria los próximos dos siglos.
Además, esto obligará a los clubes del deporte base a contratar asesores laborales y fiscales, a variar toda su contabilidad y organizarse digitalmente y con los softwares adecuados en cada caso. Tal y como se conducen la mayoría de ellos a día de hoy, al menos en Andalucía, es obligarles a firmar su certificado de defunción. La obra social cuasi gratuita con miles de jóvenes desaparecerá y el cuidado, junto al uso y mantenimiento de las instalaciones, tendrá que pasar a los ayuntamientos si los dirigentes del deporte base arrojan la toalla ante este cúmulo de exigencias. ¿Quién va a querer sacrificarse por los demás por 200 o 300 euros mensuales si le retienen 60 u 80 euros de esa cantidad? Máxime si tiene una nómina fija en otro trabajo y le cuenta como que dos empresas le pagan dinero al año. Con las leyes actuales, una nómina de 900 euros al mes más 300 euros declarados por otra función obligaría al contribuyente a pagarle a la Hacienda Pública al final de cada ejercicio casi lo mismo que ha estado cobrando por ese extra.
Como podrán leer en este tema tan farragoso estoy bajando a la arena la realidad del día a día si la Ley del Deporte se cumple al dedillo y con la exhaustividad que aparenta. No niego que hay que regular en lo posible el deporte base e intentar profesionalizar lo que se pueda, pero no de este modo. Por lo que respecta a la Ley de la Consejería de Deportes de la Junta de Andalucía,
más de lo mismo. Obligar a las federaciones y clubes de deporte base o minoritario a contar con monitores o preparadores físicos con titulación universitaria, por ejemplo, en las categorías inferiores, es hacerlos desaparecer. ¿Qué club puede pagar 900 o 1200 euros, sueldo mínimo según convenio, para un profesional de esta valía
Es evidente que sería el estado ideal de las cosas pero la realidad es bien distinta e Ignacio Rodríguez, Director General de la Consejería de Deportes, lo sabe. Son, en ambos casos, leyes que se pueden desarrollar sin prisas, dando tiempo a todo el mundo y con las subvenciones adecuadas. De lo contrario, el Partido Popular, desde Madrid, y el PSOE, desde Sevilla, acabarán por cargarse el deporte base. Al tiempo.