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El municipio se sitúa entre los primeros de Andalucía en adaptar su normativa a la nueva Ley de Vivienda autonómica. La ordenanza excluye como posibles adjudicatarios de VPO a personas condenadas por ocupación.
El Ayuntamiento de Torremolinos aprobará la nueva ordenanza que regula el funcionamiento del Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas, una normativa que actualiza el sistema municipal conforme a la Ley 5/2025, de Vivienda de Andalucía, situando al municipio entre los primeros de la comunidad autónoma en adaptar su regulación al nuevo marco legal.
La ordenanza tiene como objetivo modernizar la gestión del acceso a las viviendas de protección oficial (VPO) en el municipio, estableciendo un sistema más transparente, ordenado y con mayores garantías para la ciudadanía. Para ello, regula la organización y funcionamiento del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, instrumento imprescindible para participar en los procesos de adjudicación de estas viviendas.
Entre las principales novedades del texto destaca la implantación de un sistema de inscripción basado en declaración responsable, que permitirá a las personas solicitantes manifestar que cumplen los requisitos exigidos y mantener actualizada su situación personal y familiar. Además, el registro estará gestionado preferentemente por medios electrónicos a través de la sede electrónica municipal, garantizando la seguridad de los datos y facilitando los trámites a la ciudadanía.
La normativa también refuerza la transparencia en el proceso de adjudicación de las viviendas protegidas, estableciendo que la selección de adjudicatarios se realizará mediante sorteo entre las personas inscritas que cumplan los requisitos, garantizando así la igualdad de oportunidades y la trazabilidad del procedimiento.
Asimismo, la ordenanza fija criterios claros para poder acceder a una vivienda protegida en Torremolinos, como cumplir los límites de ingresos establecidos por la normativa autonómica, no ser titular de otra vivienda y tener preferencia al acreditar una antigüedad mínima de dos años de empadronamiento en el municipio.
Otro de los aspectos relevantes de la nueva regulación es que no podrán resultar adjudicatarias de viviendas protegidas las personas que hayan sido condenadas por delitos relacionados con la ocupación ilegal de viviendas, así como aquellas contra las que exista una resolución administrativa firme de recuperación o desahucio por ocupación sin título de una vivienda pública en el municipio en los cinco años anteriores al procedimiento de adjudicación.
Con esta ordenanza, el Ayuntamiento de Torremolinos refuerza su compromiso con una política de vivienda basada en la transparencia, la igualdad de oportunidades y el cumplimiento de la legalidad, garantizando que las viviendas protegidas se destinen a quienes realmente cumplen los requisitos y las necesitan.