La alcaldesa de Torremolinos pide que la financiación a las entidades locales “no se utilice para comprar voluntades y sí para mejorar la vida de nuestros vecinos”
Pide respuesta inmediata a peticiones como el aumento de las entregas a cuentas que, aunque llegaran, seguirían por debajo de lo recaudado vía impuestos; el uso de los remanentes sin que computen en la regla de gasto o la adhesión de los ayuntamientos al Consejo de Política Económica y Fiscal.
La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, ha exigido hoy al Gobierno central mejoras en la financiación de las entidades locales desde las puertas del Congreso de los Diputados y junto a centenares de alcaldes de toda España, convocados por la Federación Española de Municipios y Provincias.
“No puede ser que se hable sólo de financiación local cuando el Gobierno hace aguas y vuelve a intentar comprar voluntades”, ha lamentado la regidora, que pide que este asunto “no se utilice para la supervivencia del Ejecutivo de Pedro Sánchez y sí para mejorar la vida de nuestros vecinos”.
En este sentido, Del Cid ha pedido que por parte del Gobierno central se dé respuesta inmediata a peticiones ya expresadas desde el ámbito municipal como es la actualización de las entregas a cuentas: “No nos basta un anuncio sobre las entregas a cuentas, queremos que se actualicen conforme al nivel de recaudación vía impuestos, que en territorios como Málaga ha sido récord, con aumentos de hasta un 75 por ciento desde 2018”.
Igualmente, la alcaldesa ha solicitado que se permita el uso de los remanentes y que éstos no computen en la regla de gasto, o la adhesión de los ayuntamientos al Consejo de Política Económica y Fiscal.
“Son decisiones que se pueden incluir hoy mismo en un decreto ómnibus sobre financiación local, si de verdad se quiere solucionar por fin la situación de déficit que sufrimos todos los ayuntamientos, y que merece ser afrontada con seriedad y fuera de la crisis institucional que por desgracia estamos viviendo”, ha apuntado.
Por último, ha hecho referencia a otras peticiones como planes de condonación de deudas o mecanismos que reconozcan a aquellos ayuntamientos que son solventes; o recursos para poder aplicar la Ley 7/2022 de residuos y economía circular, impuesta por el Gobierno para que sean los ayuntamientos quienes la asuman.
