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· Yeves lamenta la decisión del Gobierno de imponer las tarjetas monedero “de forma unilateral y sin consenso con las comunidades autónomas ni los ayuntamientos”.
· Sarabia insta al Ministerio competente a “rectificar” para no “dar la espalda al 85% de la población vulnerable” de la provincia de Málaga, la más afecta de toda Andalucía por este nuevo sistema.
La vicesecretaria de Sociedad del Bienestar del PP de Málaga, Lucía Yeves, ha criticado hoy la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de “imponer un nuevo modelo de reparto de alimentos que deja fuera a más de 61.000 malagueños en situación de vulnerabilidad”, alertando de que el sistema de tarjetas monedero “es excluyente y no cuenta con la aprobación de ninguna administración”.
“Desde el Partido Popular de Málaga queremos expresar nuestra máxima preocupación ante un modelo autoimpuesto, sin consenso ni diálogo con las comunidades autónomas ni con los ayuntamientos, para dotar de tarjetas monedero únicamente a las familias vulnerables que tengan hijos a cargo”, ha explicado Yeves.
“El Gobierno central deja fuera a familias que antes sí formaban parte de este programa, como personas mayores que viven solas, familias sin hijos que no cuentan con recursos suficientes o adultos con un desempleo prolongado que ya no cuentan con ingresos”, ha explicado. “Se trata de 61.400 malagueños a los que Pedro Sánchez les está dando la espalda”, ha lamentado Yeves, que ha estado acompañada en rueda de prensa por la coordinadora de la plataforma Todos Somos Uno, Ruth Sarabia.
Desde 2014, ha recordado Yeves, el Fondo de Ayuda Europea para personas más desfavorecidas (FEAG) distribuía alimentos a entidades como Cruz Roja o Bancosol y “éstos, a su vez, entregaban la comida a las organizaciones de reparto de alimentos que trabajaban de manera encomiable para que las familias vulnerables tuvieran cubiertas las necesidades básicas de alimentación”.
En opinión de la vicesecretaria popular, no se entiende cómo el Ministerio ha decidido tomar esta decisión sin tener en cuenta a las organizaciones de reparto de alimentos (OAR), “que son las que mejor conocen a los usuarios que necesitan esta ayuda imprescindible para vivir y que llegan a todos los barrios de la ciudad y a cada uno de los pueblos, por pequeño que sea”, ha valorado.
Además, el nuevo modelo de tarjetas monedero “supone un despropósito para las familias vulnerables porque, por el mismo dinero, deberán adquirir los alimentos en grandes superficies y, por lo tanto, a unos precios de mercado que como todos sabemos están muy elevados”, ha matizado.
Málaga es la provincia andaluza con mayor número de usuarios excluidos
En esta línea, Ruth Sarabia ha instado al Gobierno central y al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 “a recapacitar sobre este modelo y a rectificar, porque el 85% de la población vulnerable de la provincia está viviendo momentos de incertidumbre sin saber qué alternativas tienen para poder acceder a alimentos básicos”.
De hecho, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ya ha solicitado por escrito al Ejecutivo que el reparto de alimentos tradicional sea compatible con las tarjetas monedero durante este 2024.
“En nuestra provincia contamos con 177 asociaciones de reparto de alimentos que son el salvavidas para muchas familias y que, ahora, se quedan sin su principal actividad para la que llevan trabajando más de 20 años de manera increíble, junto a sus técnicos y cientos de voluntarios”, ha defendido Sarabia, insistiendo en que Málaga es la provincia andaluza con el mayor número de usuarios afectados por este cambio.
“El Gobierno ha hecho oídos sordos a las peticiones de las comunidades autónomas en la Comisión Intersectorial para no cambiar el modelo anterior”, ha criticado Ruth Sarabia, quien ha considerado que, de nuevo, “Pedro Sánchez demuestra de qué lado está y cuánto le importan los problemas reales de la ciudadanía”.
La coordinadora popular de la plataforma Todos Somos Uno ha reivindicado la necesidad de crear un sistema mixto para no dejar fuera a las entidades de reparto y ha recordado que “en 2025 las competencias y el presupuesto para la distribución de alimentos serán transferidas a las comunidades autónomas, por lo que necesitamos un sistema garantista que llegue al 100% de las familias que lo necesitan”, ha concluido.