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· Castilla valora que el Parlamento andaluz fue pionero en aprobar una PNL para exigir al Ejecutivo que los profesionales que han cotizado a través de las mutuas puedan trasladar estas cantidades al Régimen de Autónomos (RETA)
· Resalta que el Congreso también ha aprobado recientemente una PNL del Partido Popular pidiendo al Gobierno una comisión para analizar la viabilidad de computar en el RETA los años previamente cotizados en las mutualidades
El vicesecretario popular y parlamentario andaluz Daniel Castilla ha exigido al Gobierno central que revise la situación de los abogados y procuradores para garantizarles “jubilaciones dignas”.
“Todos los partidos tenemos que trabajar unidos para lograr implementar un sistema justo porque los abogados y los procuradores lo merecen”, ha destacado Castilla, quien se ha reunido con la Asociación Nacional de Afectados por la Mutualidad de la Abogacía (ANAMA).
De este modo, ha puesto en valor que “el Partido Popular está firmemente comprometido con esta causa y lo está demostrando”, recordando que, el año pasado, “el Parlamento andaluz fue pionero en aprobar una Proposición No de Ley (PNL) para exigir al Gobierno cambios en la Mutualidad de la Abogacía, propiciando que los profesionales puedan trasladar voluntariamente al RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) las cantidades cotizadas previamente a las mutualidades.
Además, ha resaltado que, recientemente, “el Congreso ha aprobado una PNL del Partido Popular pidiendo al Gobierno una comisión con las mutualidades, el Ministerio de Seguridad Social y los representantes de abogados y procuradores afectados para analizar la viabilidad de que los mutualistas puedan trasladar al RETA las cantidades ya cotizadas”, recordando que, “a partir del año 1995, se autorizó que pudieran elegir entre cotizar a la mutualidad o hacerse autónomos, pero no se les permitió trasladar al RETA el dinero aportado previamente a las mutuas”.
En esta misma línea, el dirigente popular ha insistido en la necesidad de “apostar por un tratamiento fiscal adecuado y no discriminatorio”, además de “estudiar la posibilidad de mejorar las condiciones de la jubilación parcial de estos profesionales”, ha concluido.