Las contrataciones de los trabajadores se realizaron por decreto del entonces Alcalde Presidente, Víctor Navas y del entonces concejal delegado de Empleo, a pesar de que la Intervención advirtió de irregularidades. La Inspección ha detectado que también se incumplió con las obligaciones salariales de los trabajadores acogidos a dichos programas, de manera que percibieron un salario inferior al que debían.
La Inspección Laboral ha exigido al Ayuntamiento de Benalmádena el pago de 444.850 euros por no haber cotizado correctamente a la Seguridad Social en las contrataciones realizadas en 2019 y 2020, durante el Gobierno presidido por el socialista Víctor Navas y enmarcadas en los programas de empleo EMPLE@ 30+, EMPLE@ 45+ y el PLAN AIRE.
El Ayuntamiento de Benalmádena recibió el pasado 25 de julio la notificación por parte de la Inspección Laboral, resultado de las diferentes investigaciones realizadas por este organismo y que afectan a trabajadores contratados por decreto del entonces Alcalde-Presidente, Victoriano Navas y del entonces concejal delegado de Empleo. En la misma se exige al Ayuntamiento el pago por la diferencia en las cotizaciones y el recargo correspondiente.
Se da la circunstancia de que la Intervención Municipal del Ayuntamiento, en el momento de formalizarse los contratos laborales, advirtió que dichas contrataciones no respetaban los derechos salariales de los trabajadores, ni se efectuaban correctamente las cotizaciones a la Seguridad Social. A pesar de ello, los responsables municipales en aquel momento continuaron con las contrataciones, lo que a su vez generó el correspondiente reparo de legalidad de la Intervención.
La Inspección Laboral ha detectado que también se incumplió con las obligaciones salariales de los trabajadores que integraron los distintos planes de empleo. En este sentido, dichos trabajadores percibieron el Salario Mínimo Interprofesional en lugar de ser retribuidos conforme al convenio del Ayuntamiento, que contempla salarios superiores. Dicha circunstancia fue advertida expresamente en su momento por la Jefatura de la sección de Recursos Humanos, quien señaló que las contrataciones laborales a efectuar en los planes de empleo se debían sujetar al convenio colectivo del Ayuntamiento.
La Inspección certifica por tanto que, a pesar de la advertencia de los técnicos, el Gobierno local en aquellos años abonó a los trabajadores una cantidad económica muy inferior a la que debieron percibir. Aún así, la posibilidad de abonar la diferencia de salario ya ha prescrito y no se puede llevar a cabo.
La Tesorería General de la Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, sí ha exigido ya el pago de los 444.850 euros y ha girado las correspondientes cartas de pago.
Esta situación, no esperada ni contemplada en el presupuesto municipal, generará un grave perjuicio económico a las arcas municipales. Todo ello teniendo en cuenta que el Ayuntamiento está haciendo frente al pago para el cumplimiento de la sentencia que condena al Ayuntamiento de Benalmádena a pagar 1,2 millones de euros a FCC debido a facturas pendientes más los intereses de demora por la limpieza de edificios públicos en el periodo de Gobierno anterior al actual.
Es decir, entre la sentencia a favor de FCC y las sanciones de la Inspección Laboral, el Ayuntamiento deberá abonar más de 1.640.000 euros.
