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El Partido Popular de Benalmádena ha mostrado su total respaldo a la decisión del Ayuntamiento de trasladar a la Fiscalía el expediente del contrato de mantenimiento de parques y jardines adjudicado en 2022 por el anterior equipo de gobierno socialista encabezado por Víctor Navas, tras la sentencia firme del Tribunal Supremo que anuló dicho contrato y confirmó irregularidades en su tramitación.
La secretaria general del PP de Benalmádena, Lucía Yeves, ha asegurado que “apoyamos plenamente que el Ayuntamiento lleve a Fiscalía esta adjudicación irregular porque el PP defiende la legalidad frente a los desmanes de Víctor Navas en la adjudicación de parques y jardines. La sentencia del Tribunal Supremo demuestra que el equipo de gobierno anterior actuó con arbitrariedad, ignorando todas las advertencias técnicas y favoreciendo a una empresa concreta, en un claro desprecio por la legalidad y los intereses de los benalmadenses”.
El contrato, adjudicado por 15,1 millones de euros, fue otorgado gracias al voto de calidad del entonces concejal del PSOE Joaquín Villazón, pese al criterio contrario de los habilitados nacionales presentes en la mesa de contratación. El Tribunal Supremo determinó que se utilizó un criterio de desempate no contemplado en los pliegos, alterando de forma arbitraria el resultado de la licitación.
Como consecuencia de esta adjudicación irregular, el Ayuntamiento puede enfrentarse a una indemnización de 666.845,77 euros, un coste que recaería directamente sobre los vecinos de Benalmádena y que podría haberse evitado si Navas y su equipo de gobierno hubieran actuado con transparencia y legalidad.
Lucía Yeves ha subrayado que “Víctor Navas era el alcalde y tiene la obligación de dar explicaciones públicas, asumir responsabilidades políticas y dejar de echar balones fuera. Los vecinos merecen que se depuren responsabilidades claras y de ello se va a encargar la Justicia”.
El Partido Popular exige que se esclarezca quién se benefició y quién puso en riesgo el patrimonio municipal, dejando claro que la actuación de Víctor Navas y su equipo de gobierno constituye un ataque directo a la transparencia y a la confianza ciudadana.