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La Diputación de Málaga pondrá en marcha una plataforma digital pionera en España para aprovechar los excedentes alimentarios de sectores como el hostelero, el hotelero o la distribución con el fin de ayudar a 40.000 personas vulnerables de la provincia.
El presidente de la institución provincial, Francisco Salado, ha presentado ‘Málaga no caduca’ junto al decano de la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga, Antonio Guevara, y la secretaria general adjunta de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), Dolores Olmo, en un acto en el que también han participado el presidente de Bancosol, Diego Vázquez, y el director general de Air Miles, Carlos Dimas, y al que también ha asistido el presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga (MAHOS), Javier Frutos.
En el proyecto también colaboran otras entidades como la Consejería de Salud, la asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (AEHCOS), SpainNAB (Consejo Asesor para la Inversión de Impacto) y la consultora UpSocial.
Salado ha afirmado que este es un proyecto “verdaderamente revolucionario” y ha explicado que tiene tres objetivos fundamentales. En primer lugar, un reto social, porque se busca eliminar o reducir la inseguridad alimentaria, la exclusión sociolaboral y atajar problemas de salud que se derivan de esas situaciones. “No nos limitaremos a saciar a las personas, sino que el reto es mejorar su nutrición, algo que está directamente relacionado en los niños, por ejemplo, con el fracaso escolar; O en combatir la obesidad”, ha apuntado el presidente, quien ha incidido en que se prestará una atención especial a los menores y a los mayores. “Todo esto está vinculado también con el coste sanitario, porque mejorando la calidad de la nutrición se previenen muchas patologías”, ha indicado.
El segundo objetivo del proyecto es reducir el impacto medioambiental y el tercero es el económico, porque al evitar la destrucción de excedentes se pueden obtener beneficios, por ejemplo, fiscales, además de imagen y sociales.
“Gracias a esta actuación podremos acercarnos a la realidad de estas personas, investigarla y desarrollar itinerarios personalizados que les ayuden a encontrar empleo o a solucionar problemas como la soledad no deseada, según cada caso”, ha añadido Salado.
Este proyecto se enmarca en la nueva Ley de Economía Circular andaluza, que persigue un desarrollo sostenible que haga compatible el crecimiento económico con una utilización adecuada de los recursos naturales.
El proyecto se gestionará a través de una plataforma tecnológica integrada que pondrá en contacto a todos los intervinientes: administración pública, sector privado y beneficiarios, todo ello con la participación también de Bancosol. La iniciativa, por lo tanto, pretende entre otros objetivos dar uso a las toneladas de alimentos en buen estado que se tiran cada año en la provincia.
Proceso
El proceso de trabajo se está diseñando al detalle: desde los donantes, al Banco de Alimentos, las entidades sociales y la llegada a los beneficiarios, todo ello a través de un proveedor de servicios sociales que gestionará todo el proceso con una base de datos única e integrada (que ya está desarrollando la empresa Air Miles), que atienda a la realidad y las necesidades de esas personas.
“Estoy convencido de que será un éxito, un éxito colectivo, de toda la provincia”, ha avanzado Salado, quien ha destacado el papel que desempeña también en esta iniciativa la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, ya que hay que recoger los productos ya elaborados (algunos caducan incluso en 24 horas) y se ha diseñado un riguroso protocolo de envasado, etiquetado y seguimiento de trazabilidad.
“Una vez más, la colaboración público-privada hace que vayamos más lejos, que soñemos más grande, y nos ayuda a construir una provincia mejor, más justa e igualitaria”, ha aseverado el presidente.
Diez millones en cinco años
Para llevar a cabo este proyecto, la Diputación tiene previsto destinar diez millones de euros en cinco años, si bien el procedimiento es muy novedoso, porque este será el primer Contrato de Impacto Social (CIS) en España, y esto conlleva que el pago al proveedor del servicio se hace en función de los resultados, que se detallan en función de cada concepto, cada uno de cuales tiene una métrica asociada: reparto de alimentos, inserción laboral, lucha contra la soledad no deseada… “Ojalá se cumpla al 100% y se abone por completo, porque el retorno y los beneficios sociales serían muy superiores. Incalculables”, ha manifestado el presidente, quien ha apuntado que se trata de “una actuación global, porque abarca todas las facetas de vulnerabilidad de las personas, y sistémica, porque pretende cambiar la estructura social en la que viven esas personas”.
El proyecto ya cuenta con un informe favorable del Banco Europeo de Inversiones, que lo ve viable, y, según la consulta preliminar que se ha realizado, se ha constatado que hay entidades interesadas tanto para proveer el servicio como para financiarlo (inversores sociales). Además, una peculiaridad de este tipo de contratos (CIS) es que el riesgo lo asume una entidad privada, que adelanta el dinero. Por lo tanto, hay tres actores fundamentales: la administración, el proveedor de servicios y el inversor social.